En 1990, después de una década de guerra civil y decrecimiento económico, expansión del sector público e hiperinflación, el PIB real de Nicaragua disminuyó a dos tercios y el volumen de las exportaciones a la mitad de los niveles previos a 1980, con un ingreso per capita que se redujo al de la década de los años veinte. El grado del deterioro se reflejó en los indicadores sociales del país tales como las tasas de mortalidad materno-infantil y los pesos al nacimiento que fueron los más bajos en el Hemisferio Occidental. Al mismo tiempo, la deuda externa se multiplicó diez veces, a US$11 mil millones (700 por ciento del PIB). Las condiciones sociales se deterioraron severamente y la pobreza se generalizó. Consecuentemente, Nicaragua no sólo era el país más pobre del Hemisferio Occidental sino el más endeudado del mundo.
Posteriormente, Nicaragua cambió de dirección drásticamente, la paz se restableció, la democracia se restituyó y se hizo un progreso sustancial en la implementación de políticas orientadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos y a transformar la economía a una basada en el mercado. Las políticas financieras se fortalecieron, la mayoría de los controles de precio se eliminaron y tanto el comercio como el mercado de divisas se liberalizaron. Se implementó un programa de desincorporación de los activos estatales y se realizaron recortes sustanciales tanto en el nivel de empleo del gobierno como en los gastos militares. Los bancos privados de nuevo comenzaron a operar y se creó la Superintendencia de Bancos (SBIF). Se alcanzó también un progreso sustancial para obtener alivios de la deuda externa. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas permanecieron frágiles y el proceso de reforma estructural se detuvo virtualmente a mediados de 1996. A pesar de logros importantes en las condiciones sociales, la pobreza permaneció ampliamente difundida.
A principios de 1997, una nueva administración tomó posesión. El cambio de administración le dio a Nicaragua una oportunidad para retomar el camino hacia la estabilización macroeconómica y la reforma estructural para alcanzar un crecimiento económico sostenible y mejorar las condiciones sociales. En este contexto, el gobierno ha preparado un programa de reforma económica y estructural a mediano plazo que cubre el período 1997-2000, el que se detalla a continuación. En apoyo a este programa, el gobierno solicita al Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo bajo el esquema de Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF) de tres años y sus correspondientes acuerdos anuales.
II. Antecedentes Economicos
Las condiciones económicas de Nicaragua han mejorado sustancialmente desde 1994. Después de más de una década de contracción económica, el PIB real creció en 3.3 por ciento en 1994 y en 4.5 por ciento en 1996. La inversión doméstica y los flujos de capitales privados han crecido notablemente y el desempleo;que venía creciendo desde los años 80; comenzó a bajar en 1994.
La tasa de inflación anual disminuyó de un 20 por ciento a finales de 1993 a 12 por ciento a finales de 1996. Durante los primeros 10 meses de 1997, la actividad económica continuó expandiéndose fuertemente mientras que la inflación anual se redujo a 9 por ciento.
Las finanzas públicas se deterioraron significativamente durante 1996, reflejando grandes sobregiros de gastos en el período previo a la elección presidencial, y un débil desempeño de las empresas públicas (principalmente la empresa de electricidad (ENEL) y la empresa de agua (INAA)) y el instituto de seguridad social (INSS). El ahorro del sector público (incluyendo pérdidas del Banco Central (BCN)) bajó a 1 ½ por ciento del PIB y el déficit combinado del sector público (antes de donaciones) alcanzó 15 ½ por ciento del PIB. Comparado con 1996, la posición fiscal mejoró en los primeros nueve meses del año 1997 reflejando, en parte, un incremento en recaudación de impuestos. Sin embargo, frente a una caída importante en el financiamiento externo, el crédito del BCN al sector público fue equivalente a casi 7 por ciento del PIB (comparado con un crédito neto al sector público de más de 3 por ciento del PIB en 1996).
El control sobre la política crediticia se debilitó en 1996 debido al deterioro en las finanzas públicas y las dificultades financieras de los bancos estatales asociadas a la recuperación de los préstamos con problemas. El numerario creció al ritmo del PIB nominal, la tasa de crecimiento del dinero ampliado se aceleró marcadamente asociado a un aumento de los depósitos en moneda extranjera, y los depósitos a la vista y de ahorro; al mismo tiempo, el crecimiento del crédito de los bancos al sector privado también se aceleró. De cara a las presiones sobre las reservas internacionales netas (RIN), el BCN comenzó a vender instrumentos indexados al dólar americano (CENIs) a tasas de hasta el 25 por ciento de interés (disminuyendo a 11 por ciento a mediados de 1997). A pesar de las colocaciones de CENIs equivalentes a US$340 millones (18 por ciento del PIB), a finales de noviembre de 1997 las RIN reflejaban un saldo de US$159 millones. Las reservas brutas eran aproximadamente equivalentes al saldo de CENIs.
En 1995-96 Nicaragua logró acuerdos de reestructuración y de reducción de deuda con sus acreedores bilaterales privados y oficiales que redujeron la deuda a US$6 mil millones a finales de 1996 (300 por ciento del PIB). Además, se alcanzó un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en septiembre de 1997 para reestructurar una deuda de US$560 millones (incluyendo atrasos) que alivia sustancialmente la presión financiera sobre el flujo de caja de Nicaragua. Las obligaciones totales programadas del servicio de la deuda externa se estiman en un equivalente de 40 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios en 1997, comparado con 92 por ciento en 1996 y un promedio de 309 por ciento en el período 1993-94.
Durante 1994-96 se avanzó en las reformas estructurales, aunque los avances en algunas áreas fueron más lentos que los previstos. En noviembre de 1995, la Asamblea Nacional aprobó una ley para la privatización de la empresa de teléfonos (ENITEL). Sin embargo, después de un proceso no exitoso de licitación internacional, se ha retomado un nuevo proceso de privatización, el cual contempla la venta de esta empresa a mediados de 1998. Con este fin, se ha enviado a la Asamblea Nacional una ley mejorada y actualizada para su consideración. Con respecto a los derechos de la propiedad, se ha avanzado en el proceso de distribución de títulos de las propiedades urbanas y rurales a los pobres, se ha continuado con la devolución de propiedades en poder del estado y con el proceso de indemnización a los confiscados. Los intereses de los Bonos por Pago de Indemnización (emitidos para compensar a los dueños de propiedades confiscadas) han sido pagados a tiempo. Reflejando un consenso político, una nueva ley ("Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria) fue aprobada en Noviembre de 1997 por la Asamblea Nacional, la que permitirá la resolución de los reclamos pendientes y acelerar el proceso de entrega de títulos de propiedad. Esta ley permitirá el arreglo de un gran número de reclamos de propiedades pequeñas y también establece tribunales de arbitraje de la propiedad para solucionar los casos pendientes. El gobierno contempla distribuir en los próximos dos años 90,000 títulos de propiedad a los poseedores de propiedades pequeñas urbanas y rurales.
El Programa Economico Para 1997-2000
El objetivo principal del programa económico del gobierno para 1997-2000 es combatir la pobreza y reducir el desempleo. El programa incluye medidas que buscan restaurar la sostenibilidad de las finanzas externas y las del gobierno, y también implementar las reformas estructurales necesarias para alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenibles. El gobierno enfocará sus esfuerzos en el desarrollo del sector rural y reorientará la inversión pública hacia las áreas rurales. Bajo el programa, el PIB real está proyectado a crecer en 5 por ciento cada año (2 por ciento en términos per capita) sobre la base de un aumento en la inversión privada y el fortalecimiento de las exportaciones agrícolas y no tradicionales. Al mismo tiempo, la inflación se reducirá a 8 por ciento en 1998 y a 5% en el transcurso del programa hasta el año 2000. El programa financiero tiene como meta un crecimiento acumulado en las RIN durante 1997-98 de US$155 millones; adicionalmente las reservas brutas (ajustadas por el saldo de CENIs) pasarán de un equivalente a 1.7 meses de importación a finales de 1998 a aproximadamente tres meses de importaciones a finales del año 2000. Las autoridades esperan que el país sea considerado elegible bajo la iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) para finales de 1999 con base al significativo esfuerzo doméstico que se está haciendo y la implementación exitosa del programa.
Para alcanzar las altas tasas de crecimiento dentro del programa se necesitará de un esfuerzo significativo para implementar las reformas estructurales que aumenten la eficiencia y propicien la inversión privada. Después de la implementación exitosa de la reforma tributaria de mayo de 1997, el gobierno ha venido fortaleciendo la administración tributaria y aduanera. Los gastos del gobierno serán racionalizados y el tamaño del estado reducido. La Ley de Inversiones Extranjeras será revisada para eliminar cualquier sesgo contra los inversionistas y el proceso de privatización llevará una secuencia apropiada, empezando en sectores con una alta probabilidad de éxito (sectores de telecomunicación y energía). El proceso de reforma de la banca estatal ya comenzó; el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) cesará sus funciones bancarias y se establecerán instituciones financieras alternas, sin intervención directa del gobierno, para atender a los pequeños productores. Se dará atención particular a la descentralización e incremento del gasto social (para la educación y la salud), y al arreglo de los derechos de propiedad para asegurar la paz civil y la prosperidad económica.
El programa fiscal apunta hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas, dado el financiamiento externo proyectado y la probabilidad de alivio de deuda externa bajo la iniciativa HIPC. El déficit combinado del sector público (antes de donaciones) se reducirá de 15 ½ por ciento del PIB en 1996 a menos de 4 por ciento del PIB en el transcurso del programa hasta el año 2000. El ahorro del sector público se espera aumentará significativamente durante los tres años del acuerdo ESAF, con una parte importante del ajuste en el primer año (un incremento de 1½ puntos porcentuales del PIB en 1998 y un incremento adicional de 4 puntos porcentuales del PIB en el transcurso del programa hasta el año 2000). La inversión del sector público (en términos del PIB) está proyectada a reducirse fuertemente en el período 1997-2000, sin embargo, se compensará por un incremento en la inversión privada, reflejando tanto las privatizaciones planeadas de las empresas públicas como el fortalecimiento de la confianza.
El programa incluye un número de acciones para aumentar los ingresos del gobierno central hasta por un total de 2 ½ puntos porcentuales del PIB hasta el año 2000, con todo el aumento concentrándose en los años 1997-98. El gobierno está comprometido a mejorar la transparencia de las operaciones del sector público mediante la ampliación de la cobertura presupuestaria que incluya operaciones de ingresos y gastos que anteriormente no se reportaban. En este sentido, las cuentas fiscales incluyen 1 punto porcentual del PIB en los ingresos corrientes que anteriormente eran ingresos extra-presupuestarios. En mayo de 1997 se implementó la reforma tributaria que corrige las deficiencias estructurales del sistema impositivo y amplía la base gravable por medio de la reducción o eliminación de la discrecionalidad y otras exoneraciones a los impuestos del IGV y aduaneros, y que introduce un impuesto a la tierra al mismo tiempo que se reduce los impuestos a la importación a dos niveles (5 y 10 por ciento) progresivamente hasta finales de 1999. Adicionalmente, en septiembre de 1997 el gobierno inició un proceso para corregir las distorsiones en los precios relativos de la gasolina y el diesel, por el que se incrementó el precio del diesel y se redujo el precio de la gasolina; y se tomaron medidas para mejorar el mecanismo de control de las retenciones del café para el impuesto sobre la renta. El gobierno tendría que tomar medidas adicionales en caso de un deficiente desempeño fiscal, de una caída grande en los recursos externos o dificultades en la colocación de CENIs.
Los gastos corrientes del gobierno central están programados a reducirse en 4 puntos porcentuales del PIB en el transcurso del programa hasta el año 2000 (la mitad de esta reducción se dará en los años 1997-98) reflejando un congelamiento en estos gastos (excluyendo pagos de intereses y transferencias estipuladas en la Constitución de la República pero incluyendo sueldos) y una reducción en los subsidios a las exportaciones. El gobierno solicitará asistencia técnica al Fondo para establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de estos objetivos. En un esfuerzo para aumentar la transparencia de las operaciones del gobierno, las cuentas fiscales incluyen casi 2 puntos porcentuales del PIB en gastos que anteriormente eran parte de gastos extra-presupuestarios. La disminución de los gastos corrientes será alcanzada, en parte, a través de un programa de reforma al servicio civil consistente con la reestructuración del gobierno. Además de los 1,800 puestos públicos eliminados durante 1997, se estima que 1,500 puestos adicionales por año serían recortados durante 1998-99. Estas cifras serán revisadas de conformidad con la Ley de Restructuración del Poder Ejecutivo que se sometió a la Asamblea Nacional para su debida aprobación.
El gobierno continuará esforzándose en reorientar el gasto corriente hacia el sector social, particularmente salud y educación, y enfatizará programas para aliviar la pobreza. En este esfuerzo, el gasto social aumentará (en consulta con el FMI y el BIRF) más allá de lo presupuestado y será financiado con recursos de la privatización de ENITEL y el aumento en las contribuciones de donantes que se concretarán a través de un grupo de apoyo que se formará para este fin, así como del Grupo Consultivo para Nicaragua que se realizará en abril de 1998.
Los gastos de capital y concesión neta de préstamos del sector público están programados a disminuir en 5 puntos porcentuales del PIB en 1997 a 12 por ciento del PIB, permaneciendo este nivel en promedio hasta el año 2000. Como ya se mencionó, la participación del sector privado en la provisión de servicios de infraestructura anteriormente reservados para el sector público (energía, telecomunicaciones, puertos y carreteras) se espera que aumente sustancialmente después de la aprobación de una serie de nuevas leyes a finales de 1997 (descritas en Cuadro No.6). El programa de inversión pública dará prioridad a la inversión en el sector social y la infraestructura básica y apuntará a una mayor sostenibilidad de mediano plazo en los servicios ofrecidos. La capacidad institucional para la formulación, evaluación, priorización, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión se fortalecerá para que el programa de inversión pública refleje la capacidad de gastos de mediano y largo plazo del gobierno, y se logre una asignación más racional de los recursos.
El fortalecimiento de la posición financiera de las empresas públicas a través de mayores ingresos y contención de costos será un componente importante del programa fiscal. El problema financiero que ENEL ha enfrentado desde hace algún tiempo continuado acumulándose a medida que las pérdidas de energía han aumentado y la mayor dependencia en generación térmica ha incrementado los costos de generación. A partir de abril de 1997, ENEL aumentó la tasa de ajuste de sus tarifas del 1 por ciento a 1.5 por ciento mensual. Sin embargo, ésto no ha sido suficiente para compensar el aumento reciente de costos que se debieron, en parte, a las condiciones de sequía asociadas con El Niño. En este contexto, ENEL implementó un ajuste adicional de tarifas de 5 por ciento a partir del 1ro de Octubre de 1997; adicionalmente, el gobierno aprobó la introducción de un factor térmico permanente en la estructura de las tarifas de ENEL para contrarrestar los aumentos de costos relacionados al mayor uso de energía térmica durante la situación de sequía (los consumidores de bajos ingresos están exentos de estos aumentos de tarifas); ENEL también fortalecerá sus procedimientos de cobro y aplicará un mayor control en los gastos corrientes. También, el gobierno ha solicitado asistencia del BIRF y del BID para apoyar el programa de inversión de ENEL y sus requerimientos financieros, incluyendo un financiamiento compensatorio por el efecto de El Niño. Para proteger la situación financiera de INAA, por los incrementos de costos de energía, las tarifas serán incrementadas en línea con las recomendaciones de un estudio reciente llevado a cabo con asistencia técnica del BID. Durante el período del programa, las tarifas de electricidad y de agua se continuarán ajustando por 1.5 por ciento mensual.
El gobierno tiene la intención de lleva a cabo un estudio que desarrollará opciones para la reforma del sistema de seguridad social. Este estudio, que será concluido con asistencia técnica del BIRF y del BID, apuntará al fortalecimiento del sistema actual permitiendo, a la vez, la participación del sector privado en el suministro de servicios de salud y asegurando la viabilidad actuarial del sistema de pensiones. Mientras tanto, para mejorar las finanzas del sistema de seguridad social, el gobierno revisará las tasas de contribución, pensiones, edad de retiro, y mejorará el manejo financiero del instituto de seguridad social.
El programa monetario será consistente con los objetivos de inflación y del sector externo del programa y se basará en un aumento en el numerario en línea con el crecimiento nominal del PIB. Los activos domésticos netos del BCN (ADN) están proyectados a contraerse por un monto equivalente a casi 2 por ciento del PIB en 1997 y programados para disminuir en casi 3 por ciento del PIB, en promedio, durante 1998-2000. La contracción de los ADN reflejará el mejoramiento planeado en la posición del sector público no financiero con el BCN, y la reducción esperada en las pérdidas del BCN a partir de 1999 (después de mayores pérdidas proyectadas para 1997-98). Esta reducción refleja menores pagos de intereses asociados con la redención neta de CENIs (comenzando en 1998) y mayores ingresos de intereses recibidos debido al aumento en las reservas internacionales.
El BCN ejecutará una política de crédito restrictiva mientras se fortalece la posición fiscal. En este contexto, las políticas de crédito dirigido (a favor de la agricultura) fueron eliminadas recientemente y no serán reintroducidas. También, en octubre de 1997, la tasa de encaje legal se unificó al 17 por ciento para todas las modalidades de monedas y depósitos, y se hicieron extensivas a todas las obligaciones de los bancos con el sector privado. El BCN intensificará las operaciones de mercado abierto como principal instrumento de control monetario. Dentro de la misma orientación las autoridades han reemplazado recientemente el sistema de venta directa donde se prefijaba el precio, por uno de subastas donde se fijan cantidades en base a la necesidad de esterilizar excesos de liquidez en línea con el programa monetario, y donde la tasa de interés es determinada en dicha subasta. En este sentido, las autoridades intentan reducir el saldo de CENIs por lo menos al equivalente a US$130 millones durante el período del programa.
El gobierno está implementando medidas para asegurar la solidez del sistema bancario. Se mejorará el marco regulatorio y se profundizará su implementación para reducir la discrecionalidad, aumentar la competencia entre los bancos y aumentar la solvencia bancaria a través de un aumento en la base de capital. Para consolidar el crecimiento exitoso demostrado por la banca privada desde 1991, el concepto de adecuación de capital basado en las Normas de Basilea se adoptó en 1992. La adecuación de capital se incrementó de 6 a 8 por ciento en 1996, y el gobierno aumentará dicha adecuación a 10 por ciento para el año 2000. En 1993, el BCN y la SBIF, promovieron los Bonos de Fomento (BOFOS) emitidos por los bancos privados y contabilizados como capital secundario. A partir de julio de 1999 estos bonos ya no podrán ser utilizados como capital secundario. La SBIF pondrá mayor atención en la aplicación estricta de las normas prudenciales existentes, incluyendo restricciones referente a la concentración de activos bancarios. También, el rol de la SBIF en la regulación de las nuevas actividades bancarias tales como arrendamiento financiero y actividades hipotecarias será revisada para asegurar que cualquier discrecionalidad existente sea eliminada. El gobierno apoyará financieramente a la SIB para asegurar la implementación exitosa de sus funciones.
La implementación de las políticas financieras y reformas estructurales descritas en este memorándum fortalecerán aún más la posición externa de Nicaragua. Sin embargo, debido al aún bajo nivel de exportaciones del país y al alto servicio de deuda externa, los requerimientos de financiamiento externo permanecerán altos durante los próximos años. A principios de 1998, el gobierno solicitará una amplia reprogramación de la deuda que sea elegible a sus acreedores en el Club de París, bajo los términos de Nápoles. Para avanzar hacia la viabilidad externa, la política de manejo de deuda del gobierno se restringirá sólo a la obtención de donaciones y préstamos altamente concesionales para cubrir sus necesidades de financiamiento externo. Al mismo tiempo, el gobierno continuará buscando activamente acuerdos de reducción de saldos y de servicio de deuda con el resto de acreedores, en términos, por lo menos, comparables a los otorgados por el Club de París. El sector público se compromete a abstenerse de contratar o garantizar cualquier nuevo desembolso en términos no concesionales. Para mejorar la efectividad del manejo de deuda, el Ministerio de Finanzas coordinará todas las funciones de deuda externa con el BCN asegurándose en una forma continua que no se incurrirá en nueva mora con el exterior durante el período del programa, excepto para las obligaciones que están sujetas a negociaciones que se estén dando con acreedores, o que eran consideradas bajo el programa como potencialmente elegibles para refinanciamiento o reprogramación u otros mecanismos de alivio de deuda.
El BCN aprobó la unificación cambiaria a partir del 1ro de enero de 1996. El BCN compra o vende cualquier cantidad de divisas de las instituciones financieras a un tipo de cambio determinado por un sistema de deslizamiento. A pesar que Nicaragua ha mantenido su competitividad externa tal como se refleja en el fuerte crecimiento de las exportaciones y el mejoramiento en la balanza comercial en los últimos años, su posición externa permanece frágil. A medida que las presiones inflacionarias continúan disminuyendo como resultado de políticas monetaria y fiscal en línea con el programa, se espera reducir gradualmente la tasa de deslizamiento.
El gobierno está comprometido a mantener un sistema de comercio sin restricciones no-tarifarias y a continuar con el proceso de reducción de impuestos a la importación y subsidios a la exportación. Para la gran mayoría de los productos importados, la recién aprobada Ley de Justicia Tributaria redujo las tarifas máximas a 30 por ciento en julio de 1997. La ley también establece un cronograma de reducción al 20 por ciento en enero de 1998 y a 10 por ciento en julio de 1999. La Ley de Promoción de Exportaciones, que ofrece rebajas en el impuesto a la renta y otros beneficios tributarios para algunas exportaciones en la forma de Certificados de Negociables (CBTs), caduca en 1997. Las empresas exportadoras continuarán teniendo acceso a maquinaria importada, equipos, y bienes intermedios sin impuestos a través de admisiones temporales o mediante el régimen especial de zonas francas.
Al finalizar 1997, el gobierno sometió una ley ante la Asamblea Nacional para la reestructuración del Poder Ejecutivo que reduce significativamente el número de ministerios gubernamentales y agencias que se reportan directamente al Presidente. Para aumentar la eficiencia y la trasparencia de las finanzas públicas, el gobierno someterá una propuesta de ley durante el primer trimestre de 1998 que permitirá la implementación de un nuevo sistema de administración financiera para el gobierno central ("Sistema de Evaluación Integral Financiera del Estado," SEIF). También desarrollará proyectos pilotos para oficinas locales representativas del SEIF. Al mismo tiempo, el gobierno fortalecerá el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con la Oficina de la Presidencia autorizada para supervisar la inversión pública de todos los ministerios y dar mayor coherencia a la estrategia de desarrollo del país.
En lo que respecta a las reformas del sistema financiero, el gobierno está reduciendo la participación estatal en el sector bancario; al mismo tiempo que asegura que los servicios financieros permanezcan disponibles para los pequeños agricultores. El gobierno está tomando pasos para cesar las funciones bancarias del banco estatal más grande (BANADES) y vender al sector privado el control del Banco Nicaragüense (BANIC). El BIRF y el BID proveerán apoyo para financiar las pérdidas resultantes del patrimonio neto negativo de las sucursales del BANADES que ya fueron ó serán vendidas. A octubre de 1997 un total de 22 agencias y sucursales representando el 80 por ciento de los depósitos del BANADES ya estaban vendidas a la banca privada. Para mayo 1998 la Superintendencia de Bancos retirará la licencia para operar como intermediario financiero al BANADES. Para satisfacer las necesidades de crédito de los pequeños agricultores, el gobierno establecerá un fondo que operará como una institución de segundo piso, contando con la ayuda de las sucursales bancarias, cooperativas y ONG's especializadas con las mejores prácticas en finanzas rurales, para que el crédito llegue directo a los agricultores pobres.
El gobierno aumentará el capital del BANIC a través de la colocación de una nueva emisión de acciones para el sector privado y en el proceso diluir su participación como dueño, hasta llegar a ser un socio minoritario a mediados de 1998. Para atender posibles asuntos legales relacionados al dominio del banco, se pasará una ley a más tardar en marzo de 1998 estableciendo que el gobierno se responsabiliza de una indemnización eventual de los dueños anteriores. Adicionalmente, el gobierno privatizará la institución financiera de segundo piso (FNI), la cual provee financiamiento a bancos comerciales con recursos externos garantizados por el gobierno.
El gobierno planea privatizar las empresas públicas, la empresa de distribución de petróleo, y los servicios de los principales puertos. Para establecer el marco legal apropiado, leyes para los sectores de hidrocarburos, electricidad, y agua están en discusión en la Asamblea Nacional y se espera que sean aprobadas a más tardar en Febrero de 1998. El gobierno coordinará el proceso de privatización para asegurar la transparencia y la eficiencia, reformar la estructura de tarifas de electricidad y agua para reflejar costos marginales, y eliminar cualquier subsidio cruzado; e iniciar la reorganización requerida de ENEL e INAA. Consistente con la ley de electricidad, ENEL será separado verticalmente y sus activos de generación y distribución serán vendidos o dados en concesión. La nueva ley requerida para privatizar ENITEL estará aprobada para febrero de 1998 y el proceso de licitación terminado para finales de 1998.
El gobierno modernizará el código de comercio, la ley de quiebra financiera, la ley de propiedad intelectual y hará las revisiones apropiadas a la ley de inversiones extranjeras. Esta ley evitará restricciones innecesarias, tratamientos discriminatorios y el otorgamiento de beneficios tributarios que no estén contemplados en el régimen general de impuestos y que garantice a los inversionistas extranjeros la estabilidad en el ambiente regulatorio y tributario. Así mismo, el Poder Ejecutivo está comenzando un amplio programa de reformas legales y judiciales que apuntan a mejorar los procedimientos legales, el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad. El gobierno está apoyando al poder judicial a través de inversiones en el establecimiento de juzgados y centros cívicos en la mayoría de los municipios del país, mejorando la gobernabilidad y el estado de derecho en toda Nicaragua. Para estos efectos, el gobierno solicitó ayuda financiera y técnica a donantes externos.
En lo concerniente a los programas sociales para 1997-2000, en colaboración con el BIRF y el BID, las autoridades continuarán mejorando la eficiencia y la calidad del gasto social e incrementarán las inversiones en proyectos sanitarios, de tratamiento de agua y habitacional para las familias de bajos ingresos. Adicionalmente, el gobierno reorientará recursos hacia la educación primaria y la salud. Las autoridades apuntarán a reducir la tasa de deserción escolar a través de un mejoramiento en la calidad de la educación primaria y de su infraestructura. En el sector salud, el gobierno desarrollará un sistema moderno de salud, fortaleciendo los servicios primarios y de prevención. El fortalecimiento de una red de seguridad para proteger a los sectores más vulnerables de la población nicaragüense será uno de los principales elementos de la estrategia para aliviar la pobreza. Sin embargo, la parte medular de la estrategia será la generación de empleos a través del crecimiento económico, con base en un ambiente adecuado para aumentar la inversión privada.
Los cuadros anexos (Cuadros 1-5) especifican los criterios de desempeño cuantitativos y estructurales para mediados de 1998: (i) techos en los ADN del BCN, en el financiamiento doméstico del sector público no financiero; en los desembolsos netos de préstamos externos no concesionales; y niveles mínimos en las reservas internacionales netas y en el ahorro del sector público combinado; y (ii) parámetros estructurales que incluyen la desincorporación de bancos estatales, el programa de privatizaciones, la clausura de agencias gubernamentales y la reducción de empleos (Cuadro 6). Habrá límites indicativos en el déficit del sector público combinado para 1998. Las acciones previas para la presentación al Directorio del Fondo (la mayoría de las cuales ya se han tomado) incluyen la aprobación del Presupuesto de 1998 consistente con el programa, la implementación de una masa crítica de medidas fiscales (tales como un aumento en los ingresos del sector público a través de la corrección de los precios del diesel y la gasolina y un mejoramiento en el mecanismo de control de los ingresos por las retenciones de café); la venta de por lo menos 80 por ciento de los activos del BANADES, medidas sustantivas para mejorar la posición financiera de ENEL e INAA; y el establecimiento de un plan del gobierno para la modernización del estado y la presentación a la Asamblea Nacional de la legislación requerida (de acuerdo con el BID) para implementar dicho plan.
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